La semana pasada, tras aplaudir la eficiencia y transparencia del INRA —actor fundamental de uno los cambios reales y prometedores realizados por nuestro gobierno— que se acababa de expresar en el desmantelamiento de una red clandestina de lo que podríamos llamar “tráfico de saneamiento ilegal de tierras”, me hacía unas cuantas preguntas. Fundamentalmente me preguntaba cómo se explicaba la actitud de una serie de dirigentes campesinos —no sería justo decir organizaciones— que repetidamente habían pedido el cambio del director de esta institución ejemplar. Y me preguntaba si detrás de esa actitud no había una secreta aspiración a cambiar la Ley de Reconducción Comunitaria de Tierras —logro fundamental de este proceso de cambio— con el fin de convertir la tierra en mercancía, y si todo ello no tendría que ver con cierta tendencia matricida que pretende descalificar las tierras comunitarios de origen (TCOs) y abrir la puerta al viejo y suculento negocio de los siempre impunes loteadores…

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